Antes de hablar de las llamadas fallas de mercado, conviene distinguir algo esencial. No es lo mismo una teoría que una doctrina. Una teoría, en sentido estricto, busca describir, explicar y, hasta donde sea posible, anticipar la realidad. Su valor depende de su capacidad para iluminar el mundo real y de si puede contrastarse con los hechos. Si no explica la realidad, debe corregirse o descartarse. Una doctrina, en cambio, opera de otra manera. Parte de un conjunto previo de ideas, principios o fines, y desde allí juzga la realidad. No solo intenta explicar, sino también orientar, prescribir y legitimar una determinada visión de cómo deberían ser las cosas.

La diferencia es decisiva. Una teoría está expuesta a ser refutada por la realidad; una doctrina, por el contrario, tiende a medir la realidad según su propio esquema previo. Y esto importa porque gran parte del discurso económico dominante sobre las fallas de mercado se presenta como si fuera una teoría rigurosa sobre el funcionamiento del mundo real, cuando en realidad opera más como una doctrina. Fija un ideal, compara la realidad con ese ideal y, si esta no coincide, concluye que existe una falla que debe ser corregida por el Estado. Ahí comienza el problema.

La teoría económica más difundida plantea algo que, a primera vista, parece razonable. Primero construye un modelo. Luego define cómo debería funcionar el mercado bajo condiciones ideales. Después compara ese modelo con la realidad. Si la realidad no coincide con ese esquema, concluye que existe una falla de mercado. Y, a partir de allí, afirma que el Estado debe intervenir para corregirla.

Esa es, en el fondo, toda la lógica. Se parte de un modelo con condiciones ideales; si esas condiciones no se cumplen, se dice que el mercado falla; y si el mercado falla, entonces se justifica la intervención del Estado.

Suena técnico. Suena científico. Pero el problema está en lo que no se dice.

Todo parte de un modelo perfecto. Un mundo donde la información está dada, donde nadie se equivoca, donde todo está coordinado y donde no existen fricciones relevantes. Ese mundo no existe. Nunca ha existido.

Por tanto, cuando se compara la realidad con ese modelo, el resultado ya está prácticamente decidido de antemano. La realidad siempre va a aparecer como defectuosa. Siempre va a “fallar” frente al modelo. Pero eso no demuestra que el mercado funcione mal. Lo único que demuestra es que el modelo es irreal.

Luego se introduce la idea de un punto ideal. El llamado equilibrio eficiente. Ese sería el estado al que, supuestamente, debería tender el mercado. El problema es que ese punto no se puede observar en la vida real.

Nadie puede saber cuál es el precio perfecto. Nadie puede saber cuánta producción es exactamente la correcta. Nadie puede saber cuál es el nivel ideal de consumo, inversión o asignación de recursos. Y no se puede saber por una razón simple debido a que todo eso depende de millones de valoraciones individuales, subjetivas, cambiantes y dispersas.

Entonces, si no puedes medir con precisión cuál sería el resultado correcto, tampoco puedes afirmar científicamente que el resultado real está mal.

Aquí aparece el salto más grave de toda la construcción. Se dice: como el mercado no llegó al óptimo, entonces hay que corregirlo. ¿Y quién lo corrige? El Estado.

Pero esa conclusión arrastra un supuesto enorme, que el regulador sí sabe lo que el mercado no pudo saber. Que sí puede identificar el precio correcto, la cantidad correcta, la calidad correcta y la forma correcta de organizar los recursos. Ese conocimiento, sin embargo, no existe de manera concentrada. No está dado. No está disponible para una autoridad central.

Está disperso entre millones de personas, en sus decisiones, en sus intercambios, en sus preferencias y en sus cambios constantes.

Entonces ocurre algo bastante claro. Se detecta una supuesta falla que en realidad no es más que una diferencia entre la realidad y un modelo irreal. Luego se presume la existencia de un óptimo que nadie puede medir. Y finalmente se le entrega poder a una institución que tampoco posee la información necesaria para corregir nada con precisión.

Eso es intervenir a ciegas.

Y cuando se interviene a ciegas, no se corrige la realidad. Se la distorsiona.

Porque la regulación no reemplaza ignorancia por conocimiento. Solo reemplaza decisiones descentralizadas por decisiones políticas. Sustituye el ajuste del mercado por mandatos, restricciones y arbitrariedad institucional.

En el fondo, la doctrina de las fallas de mercado funciona así. Primero inventa un ideal imposible; luego llama falla a la realidad por no parecerse a él; y finalmente usa esa supuesta falla para justificar la expansión del poder estatal.

Por eso el problema no es solo económico. Es epistemológico e incluso político. No estamos ante una teoría que primero observe el mundo para después explicarlo. Estamos ante una doctrina que primero fija un patrón imaginario y luego condena al mundo por no ajustarse a él.

La realidad no falla por no parecerse a una ficción teórica.

El verdadero error está en creer que, porque el mercado no alcanza un ideal imaginario, entonces el Estado sí estaría en capacidad de conducir mejor el proceso económico.

Y ahí es donde toda la construcción se derrumba.