Asumiendo un triunfo de Sánchez, la Bolsa de Valores de Lima no tendría por qué colapsar de inmediato. Ese es el primer punto que debe quedar claro. Una elección, por sí sola, no destruye el valor de las empresas. Lo que destruye valor es la expectativa de que el nuevo gobierno pueda avanzar contra la propiedad privada, alterar las reglas del juego y afectar la capacidad de las empresas para producir, invertir y generar utilidades. Por eso, el efecto sobre la bolsa dependería de dos cosas. Primero, del grado de estatización que el mercado anticipe. Segundo, de la capacidad política real que tenga el gobierno para ejecutar esa estatización.
Una estatización débil mantendría la propiedad privada en pie, las empresas seguirían cotizando y la bolsa continuaría funcionando. Habría mayor ruido político, más incertidumbre y probablemente cierta presión sobre los precios de las acciones, pero el mercado todavía podría seguir moviéndose por factores externos. En el caso peruano, esto es importante porque la BVL depende bastante de sectores vinculados a minería, metales, tipo de cambio, liquidez global, China, tasas internacionales y apetito por riesgo emergente. Bajo ese escenario, el castigo político existiría, pero sería parcial. La bolsa podría caer, recuperarse o moverse de forma selectiva según empresas, sectores y condiciones internacionales.
El problema real aparece con una estatización fuerte. Y aquí hay que precisar algo importante. La estatización fuerte no necesita necesariamente una nueva Constitución. Muchas veces se piensa que el riesgo empieza recién cuando el Estado cambia la Constitución o expropia formalmente una empresa. Pero eso es una mirada incompleta. El Estado puede afectar la propiedad privada sin quitar el título legal. Puede hacerlo mediante impuestos más agresivos, revisión de contratos, presión sobre concesiones, permisos, tarifas, fiscalización selectiva, regulación sectorial, trabas administrativas o intervención en sectores estratégicos. En esos casos, el empresario sigue siendo dueño en el papel, pero pierde control real sobre su capital.
Ese punto es central, la propiedad privada no se reduce a tener un documento que dice que algo es tuyo. La propiedad implica poder usar, disponer, intercambiar, invertir y apropiarte legítimamente del rendimiento de ese activo. Si el Estado deja el título privado, pero empieza a decidir cuánto puedes ganar, cómo debes operar, qué contrato puedes mantener, qué tarifa puedes cobrar, qué permisos necesitas o qué parte de tus utilidades debes entregar, entonces la propiedad se vacía desde dentro. No se elimina jurídicamente, pero se debilita económicamente.
Por eso, la bolsa no espera a que ocurra una expropiación formal. La bolsa se adelanta. Si los inversionistas creen que un gobierno puede reducir el control real de los propietarios sobre sus empresas, venden antes. No venden solo por miedo, sino porque el valor de una acción depende de los flujos futuros que esa empresa pueda generar. Si el Estado amenaza esos flujos mediante impuestos, regulación, control de contratos o intervención sectorial, el valor presente de la empresa cae. La acción vale menos porque el mercado espera que esa empresa gane menos, invierta menos o enfrente más riesgo político.
La causalidad es bastante directa. Primero aparece el riesgo de estatización. Luego se debilita la propiedad efectiva, porque el inversionista ya no sabe si tendrá control real sobre su capital. Después cae la seguridad jurídica, porque las reglas dejan de ser previsibles. Cuando las reglas dejan de ser previsibles, se deteriora el cálculo económico. El empresario ya no puede proyectar con claridad sus costos, ingresos, impuestos, permisos, contratos ni utilidades futuras. Si no puede calcular bien, invierte menos. Si invierte menos, el mercado espera menores flujos futuros. Y si espera menores flujos futuros, exige una mayor prima de riesgo para mantener capital en ese país.
Esa mayor prima de riesgo eleva la tasa de descuento. En términos simples, cuando un país se vuelve más riesgoso, los inversionistas exigen mayor rentabilidad para quedarse. Si exigen mayor rentabilidad, pagan menos por las acciones hoy. Por eso cae el valor presente de las empresas y baja la Bolsa de Valores de Lima. Luego viene la salida de capitales, la menor inversión real, la reducción de nuevos proyectos, la caída de confianza empresarial y finalmente el deterioro de la actividad económica. La bolsa cae primero porque anticipa lo que luego puede ocurrir en la economía real.
La experiencia latinoamericana muestra que no siempre se necesita una nueva Constitución para avanzar hacia una estatización fuerte. En Argentina, la intervención sobre YPF fue una señal clara de que el Estado podía tomar control de una empresa estratégica. En Bolivia, la nacionalización de hidrocarburos avanzó por decreto y alteró directamente el control económico del sector. En México, aunque no prosperó una reforma constitucional energética amplia, el Estado encontró vías legales para reservar el litio y limitar la participación privada. La lección es simple. El poder político no siempre necesita cambiar toda la arquitectura constitucional para afectar sectores estratégicos. A veces le basta con leyes, decretos, regulación o presión administrativa.
Aplicado al Perú, el riesgo no debe medirse solo preguntando si Sánchez puede cambiar o no la Constitución. Esa pregunta importa, pero no es suficiente. La pregunta más importante es si puede usar el aparato estatal para alterar contratos, concesiones, impuestos, permisos, reglas mineras o condiciones de inversión. Si el mercado percibe que sí puede hacerlo, entonces empezará a descontar una pérdida de propiedad efectiva. Y cuando el mercado descuenta menor propiedad efectiva, descuenta también menores flujos futuros, mayor riesgo político y menor valor de las empresas.
El problema de fondo no es únicamente que el Estado tome empresas. El problema es que el Estado sustituya el cálculo económico privado por decisión política. En una economía sana, el empresario invierte según precios, costos, ahorro real, demanda, productividad y rentabilidad esperada. En una economía intervenida, empieza a invertir según permisos, amenazas regulatorias, presión fiscal, incertidumbre legal y cercanía o distancia frente al poder político. Ese cambio destruye eficiencia, reduce inversión y vuelve más frágil la estructura productiva.
Por eso, si Sánchez gana, el mercado no evaluará solo su discurso. Evaluará su capacidad de convertir ese discurso en poder real. Si el resultado es una estatización débil, la BVL podría mantenerse operando con volatilidad, presión política y dependencia de factores externos. Pero si el mercado percibe una estatización fuerte, aunque no haya cambio constitucional inmediato, el ajuste puede ser mucho más severo. La bolsa caería porque el inversionista entendería que la propiedad privada empieza a perder sustancia económica.
