El Estado falla de manera sistemática. Falla en justicia, en seguridad, en educación, en salud y en casi todo lo que monopoliza o domina. La causa de fondo no se agota en la corrupción, en la mala gestión o en la falta de presupuesto, como repiten los académicos de turno y los investigadores asalariados por el propio aparato estatal. La falla es más profunda. Es estructural. El Estado falla porque no puede realizar cálculo económico. Bajo su propia estructura, le es imposible tomar decisiones racionales en sentido económico y, por tanto, le es imposible ser verdaderamente eficiente.
Para tomar decisiones racionales en economía se requieren tres condiciones inseparables: propiedad privada sobre los medios de producción, precios de mercado formados en intercambios reales y un mecanismo objetivo de corrección (ganancias y pérdidas). La propiedad privada hace posible el intercambio; el intercambio genera precios; y las ganancias y pérdidas permiten saber si los recursos están siendo usados de manera más valiosa o si, por el contrario, se está destruyendo valor. Sin estas tres condiciones, no hay cálculo económico. Y sin cálculo económico, no puede asignarse racionalmente recursos escasos entre usos alternativos, ni puede hablarse seriamente de eficiencia. Lo que queda ya no es decisión económica, sino administración ciega, criterio político o arbitrariedad técnica.
Ese es el problema central del Estado. No es que falle solo porque esté mal manejado. Falla porque su propia naturaleza lo incapacita para coordinar racionalmente los recursos que controla. No corrige al mercado desde una posición superior de inteligencia; reemplaza el único proceso que sí permite descubrir usos más valiosos para los recursos. Allí donde el Estado decide, no hay prueba real de eficiencia. No hay precios genuinos que orienten. No hay pérdidas que castiguen el error. No hay ganancias que confirmen el acierto. Solo hay presupuesto, mando y relato.
Por eso el fracaso estatal en cualquier otro país no es una anomalía. Es la consecuencia lógica de una estructura que no puede calcular, pero que aun así pretende dirigir. Y mientras más funciones concentre, más profundo será el despilfarro, la mala asignación y el deterioro social.
Entonces, ¿quién resuelve los problemas? En última instancia, las personas mismas, cuando actúan, emprenden, intercambian, cooperan y crean valor. Pero el Estado ha mutilado esa potencia natural al desprestigiar el camino empresarial y al convencer a la población de que la solución viene desde arriba. No. La riqueza no la crea el burócrata, ni el político, ni el planificador. La crea el individuo que descubre una necesidad, organiza recursos, asume riesgo y produce algo valioso para otros. El camino de salida no es más Estado. Es liberar la capacidad empresarial que el propio Estado ha reprimido durante décadas.
